La Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido archivar la querella presentada contra la exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y los exconcejales Marc Serra y Lucía Martín, por presuntas coacciones y prevaricación al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familias vulnerables.
En un comunicado este viernes, el ministerio público ha explicado que, durante junio de 2020, Vauras presentó una querella por la posible comisión de varios delitos, denuncia que no fue admitida por la jueza y que posteriormente la Audiencia acordó reabrir únicamente por los delitos de prevaricación y coacciones.
Después de la instrucción y la petición de sobreseimiento formulada por las defensas, el fiscal no se opone al archivo, al entender que "no han quedado acreditadas ni las coacciones ni las prevaricaciones".
En el caso de las coacciones, el fiscal asegura que la querellante "nunca aportó las grabaciones donde supuestamente se contenían estas coacciones, aportando tres años más tarde las transcripciones de las mismas", y tampoco se evidenciaba el carácter intimidatorio necesario para considerar cometido el delito.
En relación a la tramitación de los expedientes municipales, tanto sancionadores como de obras, "no se aprecia la existencia de los elementos del delito de prevaricación, destacando que en la mayoría de expedientes ni siquiera participaron la mayoría de los querellados".
La declaración de Colau
La exalcaldesa declaró el 13 de marzo en el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, que investiga a Colau junto a los concejales de Sants-Montjuïc, Marc Serra, y de Vivienda, Lucía Martín.
Colau negó haber intervenido en la concesión de licencias de obras al fondo ni se reunió con sus representantes y explicó que, desde que llegó a la alcaldía, tenía delegadas las funciones en materia de concesión de licencias y en todas las áreas del Ayuntamiento, como Vivienda y Derechos Sociales.
El 11 de marzo declararon Serra y Martín, quienes negaron las acusaciones y contaron a la jueza que representantes del fondo de inversión pidieron al consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables pisos del Bloc Llavors.
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